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 Crónica
Entrevista
Perfil
Conferencia
CRÓNICA
El
mercado laboral condicionará la regularización de los
inmigrantes
El
delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda,
analizó la situación de los extranjeros en España,
durante una conferencia organizada por «Pallanka»
El representante del Ministerio del Interior defendió la
reforma de la Ley de Extranjería al entender que «busca la
ordenación de los diferentes flujos migratorios».
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El
volumen de oferta que sea capaz de generar el mercado
laboral español será el indicador que regule el
nivel de legalizaciones de inmigrantes que se producirá
en el interior del territorio nacional, tal y como
defendió el delegado del Gobierno para la Inmigración,
Enrique Fernández Miranda, quien analizó la problemática
que viven los extranjeros en España en el transcurso
de una conferencia organizada por el foro de debate «Pallanka».
«Estamos tratando de establecer las bases
legales necesarias para que los inmigrantes que llegan
a España tengan ligada su llegada a la existencia de
un contrato laboral. Precisamente esta perfecta
integración de los inmigrantes dependerá
directamente de la oferta laboral que seamos capaces
de generar mediante un crecimiento sostenido de
nuestra economía», comentó a los medios de
comunicación el representante del Ministerio del
Interior.
A pesar de las críticas, tanto nacionales como
internacionales, que ha suscitado la reciente reforma
de la Ley de Extranjería, Fernández-Miranda defendió
una normativa legal que pretende acabar con la condición
de víctimas que, habitualmente, tienen los
integrantes de este colectivo.
En este sentido, el delegado del Gobierno para
la Inmigración manifestó que se están empezando a
producir las primeras persecuciones jurídicas contra
los que se benefician de estas situaciones, «que no
son otros que los traficantes de personas y los que
deciden abusar de ellos mediante una explotación
laboral insoportable».
Enrique Fernández-Miranda, cuya conferencia
logró reunir a un nutrido grupo de personas en las
instalaciones del Hotel Rey Sancho, manifestó que con
la entrada en funcionamiento de esta normativa «se
pretende regular los flujos migratorios».
Los primeros meses de aplicación de la
legislación «han sido totalmente positivos», lo que
provocará que en las próximas fechas el Gobierno
firme nuevos convenios de colaboración con países
como Polonia, Rumanía o República Dominicana.
Respecto al papel que deben jugar las
comunidades autónomas en la resolución de la problemática
de la inmigración, Fernández-Miranda apuntó que «los
gobiernos regionales y municipales deben aportar
propuestas y soluciones desde sus territorios».
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ENTREVISTA
Entrevista
publicada por el Diario Palentino
Enrique
Fernández-Miranda
Delegado
del Gobierno para la Inmigración
Sereno,
relajado y convencido de lo que hace, Enrique Fernández-Miranda
analizó en Palencia la situación de la inmigración. El
foro de debate «Pallanka» hizo posible la presencia del
representante ministerial.
¿Hasta
dónde llegan las novedades que han anunciado para
flexibilizar la legalización?
Eso
ha sido un rumor. No se ha realizado ninguna legalización,
simplemente se ha recordado que hay otro apartado de la Ley
de Extranjería que puede beneficiar a muchos inmigrantes.
La grandeza de la Ley es que nos permite valorar situaciones
personales.
¿A
qué se debe la nueva oleada de inmigrantes?
El
efecto llamada es indiscutible. Hay toda una serie de
circunstancias que convierten a España en un país
receptor, entre ellas que tenemos la Ley de Extranjería más
flexible de todo Europa.
¿Cuál
es la columna vertebral de la política de inmigración que
está desarrollando el Gobierno?
Nosotros
no queremos cerrar las fronteras y necesitamos de mano de
obra para ocupar esos puestos que no somos capaces de cubrir
con nuestra gente. La idea es vincular la llegada de
inmigrantes a la existencia de contratos de trabajo que les
garanticen todos sus derechos. Esto supone una lucha contra
la inmigración ilegal, contra los traficantes y contra los
explotadores.
La
Junta acaba de anunciar un proyecto para fomentar la
especialización de los inmigrantes en diferentes sectores.
¿Es una solución real?
La
inmigración debe ser un factor de desarrollo. No puede
limitarse a un simple movimiento de personas. Estos
proyectos sirven para dotar a la inmigración de un
importante valor añadido.
¿Qué
sensación le ha producido el hecho de ver la incorporación
de hijos de emigrantes al Ejército español?
Es
una conclusión lógica de la eliminación del servicio
militar obligatorio. Si no somos capaces de nutrir a
nuestras tropas con personal español hay que hacer uso de
los inmigrantes. En todo esto el factor idioma es básico,
ya que el soldado debe saber si se le dice dispare o alto el
fuego.
¿Cuál
será el tope de inmigrantes dentro de España?
Eso
lo tiene que marcar el propio mercado de trabajo. El número
estará condicionado a la capacidad que tengamos de generar
ofertas válidas de puestos de trabajo.
¿Es
España un país racista?
No.
Tenemos al suerte de que no existen partidos de extrema
derecha, que son los que en otros países subsisten sobre la
base del racismo. Es cierto que se ha producido algún
incidente aislado, como el de El Ejido (Almería). España
es una sociedad abierta, tolerante y hospitalaria. Fuimos un
país de partida y ahora somos destino.
¿No
le parece muy duro poder expulsar a un inmigrante en 48
horas?
Humanamente
es muy duro conocer las necesidades que pasan en su país y
saber que tienen que volver a pasar por ello. De todas
formas, creo que la situación que viven aquí es igual pero
más humillante.
PERFIL
ENRIQUE
FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA, nació en Gijón el 12
de
septiembre de 1949 y es hijo del también político Torcuato
Fernández Miranda, una de las grandes figuras de
la Transición.
 Doctor
en Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con
premio extraordinario, es profesor titular de Cirugía en la
Facultad de Medicina de esta Universidad. Doctor "Honoris
Causa" en Ciencias Políticas por la Universidad del
Norte (Paraguay). Es además Especialista en Cirugía
General y en Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Vinculado
al mundo de la educación, ha ocupado dos Vicerrectorados en
la Universidad Complutense durante el mandato de Gustavo
Villapalos.
El
8 de octubre de 1987 fue nombrado vicerrector de Coordinación
y jefe del Gabinete Técnico del Rectorado.
Luego,
en la reestructuración del equipo llevada a cabo en octubre
de 1988, fue nombrado vicerrector de Asistencia a la
Comunidad Universitaria, relevando en el cargo a Javier
Davara.
El
20 de octubre de 1988 fue designado por el Congreso de los
Diputados miembro del Consejo de Universidades, organismo de
reciente creación y cuyos integrantes son personas de
reconocido prestigio o especialistas en los distintos campos
de la enseñanza universitaria.
También
en 1988 fue nombrado Director del Instituto Complutense de
Ciencias del Deporte de la Unversidad Complutense de Madrid
y en 1989 fue Director del Instituto Complutense de
Drogodependencias de esta Universidad.
Ha
sido, durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000, miembro del
Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de
"Cooperación Internacional".
Se
estrenó como diputado en las elecciones generales de
octubre de 1989, concurriendo en la lista popular por
Guadalajara, desde entonces su circunscripción tradicional.
Durante
esta legislatura perteneció a la Comisión de Educación
del Congreso, donde fue Coordinador de Comisiones y
Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular.
Asimismo fue el presidente de la Comisión Nacional de
Educación y Universidades del PP.
En
el transcurso del XI Congreso del Partido Popular, celebrado
en Madrid en febrero de 1993, fue elegido miembro de la
Ejecutiva Nacional.
Resultó
reelegido diputado por Guadalajara en los comicios de junio
de 1993 y tras la constitución de la Cámara, fue nombrado
por su grupo Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Popular y Portavoz de Sanidad.
De
nuevo cabeza de lista del PP por Guadalajara a las
elecciones generales de marzo de 1996, renovó su acta de
diputado. En esta legislatura, Fernández Miranda
pasó a integrar la Mesa del Congreso, siendo nombrado
Vicepresidente Primero de la Cámara (1996-2000).
Reelegido
miembro de la Ejecutiva Popular en el XII Congreso (enero
1996), fue elegido Secretario Ejecutivo de Estudios y
Programas y como tal, integrante del Comité Ejecutivo
Nacional durante el XIII Congreso, celebrado en enero de
1999.
Renueva
su acta de diputado por Guadalajara en las elecciones
generales celebradas el 12 de marzo de 2000.
El
13 de mayo de 2000 es nombrado Delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración, cargo de nueva creación y
dependiente del Ministerio del Interior, cuyo titular es Jaime
Mayor Oreja.
Por
Real Decreto 683/2000, de 11 de mayo, se establecen que las
funciones del Delegado del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración es formular la política del Gobierno en
relación con la extranjería, la inmigración y el derecho
de asilo, así como coordinar e impulsar todas las
actuaciones que se realicen en dicha materia.
Enrique
Fernández-Miranda está casado y es padre de tres
hijos.
CONFERENCIA
“LA POLÍTICA DE
INMIGRACIÓN EN ESPAÑA”
Enrique
Fernández Miranda
Ante
las nuevas dimensiones y características del fenómeno de
la inmigración, necesidad de diseñar una nueva política
de extranjería, un nuevo modelo de convivencia entre españoles
y extranjeros en nuestro país.
Relaciones
entre globalización e inmigración. Paradójicamente la
defensa a ultranza de la globalización económica suele
suponer la defensa del cierre de fronteras, mientras que las
posturas anti globalización suelen llevar consigo la
defensa de la libre circulación, sin restricciones, a
escala planetaria.
Frente
a esos dos extremos, una política coherente de inmigración
supone subrayar los aspectos positivos del fenómeno, pero
admitir la necesidad de su regulación y control.
España
ha sido históricamente un país de emigración. Desde la década
de los 80 se ha convenido en un país de destino. Somos unos
recién llegados a la inmigración, tanto por la aún baja
incidencia cuantitativa del fenómeno (2,7 % de residentes
extranjeros frente a un 4 % de media en la Unión Europea)
como política y administrativamente.
La
inmigración es una realidad de siempre. En la actualidad,
se pueden distinguir tres tipos de inmigrantes:
-
Refugiados: grupos sociales especialmente
vulnerables, o colectivos en peligro, que huyen de catástrofes
naturales, guerras, persecuciones, buscando protección.
-
Asilados: personas perseguidas o en peligro que
buscan individualmente protección y seguridad.
-
Inmigrantes
laborales: buscan trabajo y expectativas de futuro.
Los
movimientos migratorios, según como sean encauzados, pueden
producir numerosos efectos, tanto positivos como negativos
en las sociedades de origen y destino:
-
En las sociedades de destino, posibilitan el
crecimiento económico, si se adecúan la oferta y la
demanda de trabajo. Pero también pueden producir efectos
negativos, conflictos, marginalidad, etc. La capacidad de
acogida de inmigración laboral es en todas las sociedades,
por definición, limitada.
-
En las sociedades de origen la inmigración implica
siempre una pérdida de recursos humanos, pero desde el
punto de vista económico puede suponer una aportación
positiva de capital, así como de formación, cualificación
y desarrollo mental e ideológico.
La
Unión Europea, a partir de la Cumbre de Tampere está
estudiando el diseño de una política común de inmigración
en la que se incluyen, como aspectos fundamentales, la
colaboración al desarrollo de los países de origen y el
conseguir dotar a los movimientos migratorios de un valor añadido
para los mismos a través de la cualificación de los
inmigrantes, su retorno y los créditos para proyectos económicos
en dichos países.
La
integración de los inmigrantes en los países de acogida
supone: la garantía y protección de sus derechos
fundamentales; su acceso a los derechos sociales y a las
ventajas que proporciona el estado de bienestar; su adaptación
y respeto a las normas, valores y principios de la sociedad
de acogida; en definitiva, el equilibrio entre derechos y
obligaciones, entre libertad personal y tolerancia.
Al
inicio de la actual legislatura el Gobierno se encontró con
la siguiente realidad:
-
Presión inmigratoria apremiante y necesidad de
afrontarla.
-
La vigente Ley Orgánica 4/2000 que había sido
aprobada sin los votos del partido gobernante y que, a
juicio del Gobierno adolecía de importantes deficiencias:
indefinición de las situaciones de legalidad e ilegalidad;
inseguridad jurídica; alejamiento de la normativa de la Unión
Europea por excesiva permisividad.
-
Proceso de regularización de inmigrantes en marcha,
según lo previsto en la Ley 4/2000. Se trataba del cuarto
proceso de regularización desarrollado desde el año 1986.
En el mismo se presentaron 245.000 solicitudes de
regularización de las que fueron resueltas favorablemente
150.000.
Los
objetivos de todo este proceso son:
-
Ordenación
de los flujos migratorios laborales. Se trata de controlar
la entrada de inmigrantes en función de la oferta real de
puestos de trabajo en la economía española y favorecer la
entrada de los extranjeros con contratos de trabajo
firmados.
-
Disuadir la inmigración ilegal. Luchar eficazmente contra
los traficantes de seres humanos (tipificación penal de
esta conducta) y endurecer las sanciones contra los
empresarios que contratan trabajadores ilegales.
-
Favorecer la integración social de los inmigrantes. Luchar
contra la xenofobia y el racismo.
Los
pasos dados en el diseño de la nueva política de inmigración
han sido los siguientes:
-
Creación de la Delegación del Gobierno para la Extranjería
y la
-
Inmigración como órgano horizontal y de coordinación,
integrado en el
Ministerio
del Interior. Tiene como funciones el diseño, impulso y
coordinación
de la política de inmigración del Gobierno.
-
Reforma
de la Ley de Extranjería. El 23 de enero de 2001 entró en
vigor la nueva Ley 8/2000 que mejora la definición de las
situaciones de regularidad e irregularidad de los
extranjeros e incluye un detallado catálogo de derechos de
los inmigrantes regulares e irregulares.
-
Relectura
de oficio de las solicitudes presentadas en el proceso de
regularización del año anterior. La administración ha
vuelto a examinar 55.000 expedientes que habían sido
rechazados por no acreditar la permanencia en España desde
antes de junio de 1999.
-
Operación
humanitaria para la documentación de ciudadanos
ecuatorianos.
-
Elaboración
y ejecución del Programa GRECO,
que
incluye 72 medidas y en el que participan siete Ministerios.
Su presupuesto en el año 2001 ha sido de 38.000 millones de
Ptas.
-
Creación
del Observatorio Permanente de la Inmigración, órgano
colegiado integrado en el Ministerio del Interior que tiene
como función el
conocimiento
científico, técnico y estadístico de la inmigración y es
el núcleo pensante de la política de inmigración.
-
La regulación del Foro para la Integración Social
de los Inmigrantes potenciando la participación de las ONGs,
sindicatos y asociaciones de inmigrantes.
-
La creación del Consejo Superior de Política de
Inmigración, como órgano de coordinación y colaboración
de todas las administraciones públicas.
-
Creación de la Comisión Interministerial de
Extranjería y de la Comisión Interministerial de Asilo (en
la que participa ACNUR).
-
Compromiso de definir por Ley, durante el segundo
semestre del año 2001, del Contingente de inmigrantes para
el año 2002.
-
Negociación y firma de convenios de regulación de
flujos migratorios con los países que aportan el 90 % de
los inmigrantes que acuden espontáneamente a España. Se
han firmado ya con Ecuador, Colombia y Marruecos; está muy
avanzada la negociación con Polonia y Nigeria; se está
trabajando con República Dominicana, Rumania y Túnez.
-
Aprobación del Real Decreto 864/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración
social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre. El Reglamento entró en vigor el 1 de agosto de
2001.
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